Noticias País, Santo Domingo, República Dominicana.- Un giro inesperado y estremecedor sacudió el caso de Paula Santana Escalante, la joven de 23 años cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla del parque industrial de la Zona Franca de Las Américas en febrero de 2024.
A más de un año del hecho, el Ministerio Público reveló que Junior Lazarito Sánchez Martínez, un compañero de trabajo de la víctima, fue arrestado y admitió su implicación en el crimen que consternó a toda una comunidad laboral.
Desde hace meses, los investigadores habían centrado su atención en Sánchez Martínez, de 26 años, quien tras el trágico evento continuó su rutina como si nada hubiese ocurrido, asistiendo diariamente a la misma empresa donde trabajaba con la joven.
Según explicó el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán, este comportamiento “normal” fue clave para no alertarlo mientras se fortalecía la investigación.
“Teníamos todos los focos sobre él desde hace tres o cuatro meses”, confesó el funcionario, al confirmar que fue gracias a pruebas técnicas, periciales y testimoniales que se consolidó la acusación.
El caso tomó otro rumbo en septiembre de 2024, cuando los dos primeros detenidos, Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz, fueron liberados tras siete meses de prisión preventiva, al no hallarse pruebas directas en su contra.
La indagatoria, sin embargo, no se detuvo. El fiscal destacó que las imágenes de videovigilancia, pruebas científicas, declaraciones clave y un video en el que Sánchez parecía haber estudiado la escena del hecho fueron determinantes para solicitar la orden de captura.
El hallazgo del cuerpo ocurrió el 22 de febrero de 2024, a las 6:14 de la mañana. Según las investigaciones, la joven había sido vista por última vez por empleados de la empresa la madrugada anterior, cuando salió a usar el baño alrededor de la 1:30.
Su ausencia al día siguiente alertó a los compañeros, quienes hallaron su cartera en su estación de trabajo, lo que encendió las alarmas.
Durante el allanamiento a Sánchez Martínez, fueron ocupadas prendas clave, como los tenis y un abrigo que coinciden con los captados en los videos de seguridad.
“Las pruebas eran tan contundentes que el imputado terminó por aceptar su responsabilidad en presencia de su abogado y por escrito”, aseguró el fiscal Guzmán.
Aún no se ha precisado si el hecho será tipificado como homicidio o asesinato, ya que se evalúan elementos jurídicos relacionados con premeditación y planificación.
Respecto al móvil, el fiscal se limitó a señalar que el imputado alegó razones de carácter personal, sin ofrecer mayores detalles por respeto a la privacidad de las partes implicadas.
La familia de la víctima, representada por el abogado Pedro Duarte Canaán, ha expresado que la detención se logró tras intensas gestiones y el meticuloso análisis de cámaras de seguridad.
Desde hoy, el Ministerio Público procederá con la solicitud de medida de coerción contra el imputado, quien enfrentará cargos formales ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santo Domingo Este.
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