Santo Domingo – El presidente Luis Abinader ordenó la eliminación de tres instituciones estatales como parte de su plan de modernización y racionalización administrativa. A través de los decretos 636-24, 637-24 y 640-24, fueron disueltas la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno explicó que esta medida busca eliminar duplicidades y optimizar el uso de recursos estatales. En un comunicado oficial, se informó que las funciones de estas entidades serán asumidas por otros organismos, asegurando una transición ordenada para garantizar la continuidad de sus compromisos legales y operativos.
El decreto 636-24 establece la supresión de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología. Sus programas en curso pasarán al Ministerio de Educación, mientras que la Dirección General de Bienes Nacionales administrará sus activos y transferirá los necesarios al Ministerio para cumplir con sus responsabilidades. El decreto también deroga normativas previas relacionadas con la creación de esta comisión.
En el caso de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, eliminada mediante el decreto 637-24, sus funciones serán transferidas a la Autoridad Portuaria Dominicana, que asumirá además los compromisos legales y contractuales existentes. Los bienes de esta entidad también serán gestionados por la Dirección General de Bienes Nacionales, consolidando su operación bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia.
El decreto 640-24 suprime al Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas responsabilidades serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este ministerio se convierte en el continuador jurídico de los compromisos contractuales pendientes. Además, la Dirección General de Presupuesto (Digepress) administrará las partidas presupuestarias no ejecutadas, mientras que el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal afectado.
Con estas disposiciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la modernización del aparato estatal y la optimización de los recursos en sectores clave.
