NOTICIAS PAIS, COLOMBIA.-Loany Lismeiry Ortiz Nova ha sido señalada por el Ministerio Público como una de las principales involucradas en el escandaloso caso de estafa inmobiliaria descubierto durante la Operación Guepardo.
La mujer fue detenida el pasado sábado en Colombia en un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional, y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo.
De acuerdo con la acusación, Ortiz Nova formó parte de una red criminal que, junto a otros implicados como Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, ideó proyectos habitacionales ficticios a través de la empresa fachada Novasco Real Estate S.R.L..
Esta compañía promocionó desarrollos inmobiliarios en lugares como La Romana y Bávaro, captando millones de dólares de inversionistas tanto nacionales como internacionales.
Según los detalles de la solicitud de medida de coerción, Ortiz Nova figuraba como socia y tenía la capacidad de firmar documentos en representación de Novasco Real Estate S.R.L..
Entre los proyectos fraudulentos destacados están los denominados "La Romana Victoriana Residences" y "Bávaro Victoriana Residences", los cuales fueron ofertados a precios sumamente bajos, sin los permisos necesarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Ministerio Público ha señalado que, junto a sus colaboradores, Ortiz Nova habría participado en la creación de contratos de promesa de venta falsos.
Así como en la organización de eventos públicos engañosos, como el "Primer Picazo y Corte de Cinta" realizado en febrero de 2023, donde se mostraron maquinarias para simular avances de construcción en terrenos que ni siquiera habían sido adquiridos por la empresa.
Según el Registro Mercantil emitido por la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia, Ortiz Nova aparece como socia de Novasco Real Estate S.R.L., junto con otros implicados, lo que refuerza la acusación de su participación activa en el fraude.
Se le imputan varios delitos, entre ellos estafa, asociación de malhechores y uso de documentos falsos, en perjuicio de al menos 122 querellantes, de los cuales 32 son extranjeros.
El daño económico derivado de este esquema fraudulento supera los 18 millones de dólares.
La Fiscalía ha solicitado que se impongan 18 meses de prisión preventiva a las mujeres detenidas en este caso, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, y ha pedido que se declare el proceso como "caso complejo" debido a la magnitud del fraude y el número de víctimas involucradas.
Las autoridades siguen trabajando para esclarecer todos los detalles de este escandaloso caso que ha afectado a miles de personas.
